Anulada la licencia de la planta de rendering de Doñinos, Salamanca. Cuando el olor queda fuera del fallo.

Imagen de salamancartvaldia.es

   Es una historia demasiado conocida. Una actividad potencialmente generadora de molestias por olor (APGEMO), en este caso una planta de rendering, afecta durante años a una comunidad vecinal. En Doñinos de Salamanca, la planta de tratamiento de grasas y subproductos animales está explotada por Servcor Logistics, S.L.U., del grupo Bioscor. Vecinos de Villamayor y de otras localidades del Alfoz llevan años denunciando episodios de olor y reclamando una respuesta eficaz. Tras numerosas protestas y una respuesta que los afectados consideran insuficiente, el conflicto acaba en los tribunales. Pero la sentencia aborda cuestiones distintas de la que dio origen a la protesta: la convivencia diaria con el olor.

   La falta de una regulación específica y homogénea sobre el olor contribuye a que situaciones como esta se prolonguen. No significa que no existan vías legales ni herramientas técnicas para actuar: pueden aplicarse condiciones ambientales y urbanísticas, y hay métodos para medir el olor. Pero la falta de criterios comunes puede dificultar la evaluación de la molestia, la atribución de su origen y la determinación de las medidas necesarias. Así, la controversia judicial puede terminar resolviéndose por aspectos distintos de la afección que más preocupa a los vecinos.

   Eso es lo ocurrido con la licencia urbanística de la planta de Doñinos. La sentencia la anuló por incumplimientos relacionados con la autorización de uso excepcional concedida en 2000, entre ellos la inscripción registral de la vinculación del terreno y el límite de ocupación de la parcela. La resolución señala que el Ayuntamiento conocía esos incumplimientos cuando concedió la licencia para legalizar obras ya ejecutadas. Sin embargo, el fallo no determina el origen ni la intensidad del olor denunciado por los vecinos, ni establece medidas para controlarlo.

   La Plataforma Cuidamos Villamayor ha canalizado durante años las quejas y reivindicaciones vecinales. Sus demandas no se limitan a que se aclare la situación urbanística: piden que se investigue el impacto por olor y que se comuniquen con transparencia las inspecciones, los expedientes y las medidas que adopten las administraciones. La sentencia, aunque obliga al Ayuntamiento de Doñinos a restaurar la legalidad urbanística, no resuelve por sí sola esas demandas.

   El caso también está condicionado por un posible cambio de titularidad. SARIA Bio-Industries España anunció un acuerdo para adquirir el 100 % de Bioscor, grupo al que pertenece Servcor Logistics. Según la información publicada, la operación estaba pendiente de autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El posible cambio de titularidad hace aún más importante que las obligaciones ambientales y las medidas de control se mantengan y se cumplan.

   En 2026, tras nuevos episodios de olor, la Junta de Castilla y León realizó una inspección en la planta y abrió un nuevo procedimiento sancionador. El Ayuntamiento de Villamayor solicitó acceso a los informes y a la información sobre los expedientes ambientales. Son actuaciones relevantes, pero no equivalen todavía a una solución: hará falta conocer sus resultados y comprobar si las medidas adoptadas previenen eficazmente nuevas molestias.

   La sentencia de Doñinos muestra una brecha entre lo que puede resolver un tribunal en un procedimiento concreto y lo que la comunidad afectada necesita que se atienda. Se puede anular una licencia por incumplimientos urbanísticos sin resolver la denuncia por olor. Mientras falten criterios claros y una evaluación específica, los vecinos pueden seguir soportando la incertidumbre sobre cómo se evalúa la molestia, quién debe actuar y qué medidas son exigibles.

   Por eso, el caso no debería cerrarse con la restauración de la legalidad urbanística. También hacen falta una evaluación  del impacto por olor, acceso transparente a los resultados y medidas eficaces cuando correspondan. Si se confirma el cambio de titularidad, la nueva propiedad tendría que operar cumpliendo las obligaciones aplicables y atendiendo un problema que afecta desde hace años a la vida cotidiana de Villamayor y de otras localidades del Alfoz. La posible entrada de SARIA también abre interrogantes y expectativas. Como multinacional con mayor capacidad financiera y técnica que un operador local, podría disponer de más recursos para modernizar las instalaciones y aplicar medidas de prevención y control del olor. 

    En cualquier caso esta es la historia de siempre. Una APGEMO que afecta a una comunidad de vecinos y como es habitual en entornos donde no hay legislación de olor, el juez, toma una decisión con respecto a otros aspectos, pues no tiene forma de dictar sentencia sobre el principal problema: que es el impacto por olor. Esto ha pasado en muchas APGEMO en España, otras plantas de rendering, papeleras, depuradoras de aguas residuales, etc. Algunas han esquivado el conflicto, enfrentándose al verdadero problema y otras no.

 

Artículo elaborado con ayuda de una IA.


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